Resumen: El relato de hechos probados encaja en los tipos delictivos aplicados. Respecto del delito continuado de violación, constan continuados accesos carnales por vía vaginal y/o bucal por parte del agresor -sargento de la Guardia Civil- sobre su víctima -guardia civil destinada en el mismo puesto que aquel y bajo su mando-, con el empleo de violencia física y amenazas, en un contexto de seria y clara intimidación, sin consentimiento por parte de la víctima, aunque la continuada violencia emocional ejercida sobre ella acabara doblegando su voluntad y la llevara a someterse a los designios de su agresor; constan, asimismo, el dolo exigido por el tipo y el prevalimiento de superioridad; además, el delito estaba en relación de concurso ideal heterogéneo con un delito de lesiones psíquicas graves, como consecuencia de las numerosas asistencias facultativas y tratamientos médico-psiquiátricos que precisó la víctima y el desproporcionado menoscabo sufrido en su salud mental. Respecto de los delitos continuados de abusos de autoridad, en sus modalidades de trato degradante y maltrato de obra, constan una pluralidad de expresiones, insultos y actos vejatorios de contenido objetivamente denigrante, así como reiterados episodios de violencia física, muchos de ellos de una deplorable brutalidad, además, en régimen de continuidad delictiva -al existir más de dos agresiones en un régimen de cierta conexidad temporal-.
Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo para conocer del recurso contencioso-administrativo interpuesto contra la desestimación de la solicitud de responsabilidad patrimonial derivada de la adopción de medidas sanitarias para evitar la propagación del Covid-19.
Resumen: La cuestión que presenta interés casacional objetivo para la formación de jurisprudencia consiste en determinar si la limpieza y desinfección de equipos de protección individual (gafas y mascaras de protección frente al Covid-19) entra dentro de las funciones de los Auxiliares de Enfermería. Cuestión resuelta en sentido afirmativo por SSTS 625/2024, de 15 de abril, RCA 3151/2022, y la n.º 634/2024, de 16 de abril, RCA 2979/2022.
Resumen: CONSEJERÍA DE SANIDAD DE LA JUNTA DE EXTREMADURA. Procedimiento ordinario. Existencia de un plazo superior a 3 años desde la suscripción del contrato de interinidad por vacante de la trabajadora y la convocatoria de la plaza ocupada por la misma.
Resumen: El picador de toros solicitó prestación extraordinaria para profesionales taurinos por causa de la pandemia el 5/11/20 el SEPE la denegó por haber cobrado desempleo entre 9/05/ y 8/09/20. El JS estimó la demanda frente a la resolución denegatoria. El TSJ estimó el recurso del SEPE revocando, al entender que el RD-Ley fija la prestación para quienes no hubieran podido causarla ordinariamente y ya en la prestación ordinaria se tuvieron en cuenta las cotizaciones que ahora ampararían la prestación extraordinaria. En cud el picador cuestiona si puede percibirse la prestación del RD-Ley 32/20 cuando previamente se ha percibido prestación contributiva por desempleo de mayo a septiembre de 2020. La Sala 4 tras referirse a la normativa aplicable que reguló el subsidio especial de desempleo para los profesionales taurinos y su exposición de motivo y remite a STS 21/02/24 r. 2508/21. El derecho nace a partir de la entrada en vigor del RD-Ley 32/2020, el 5/11/20. Ese día se solicitó el subsidio sin constar que tuviera derecho a prestación ordinaria en ese momento, el actor cumple los requisitos para percibirlo que recoge el art. 4 RD-Ley 32/20. El precepto contempla la incompatibilidad de la prestación extraordinaria con otra ordinaria que se éste percibiendo a 6/11/20 lo cual no concurre en el caso o percibiéndola opte lo que tampoco sucede. Debe reconocerse la situación legal de desempleo y la cobertura del periodo mínimo y reconocer el subsidio. Confirmó la SJS y declara su firmeza
Resumen: SERVICIOS TÉCNICOS Y ORGANIZACIÓN COMERCIAL SA. Despido. Existencia de despido nulo.
Resumen: Despido disciplinario: ilicitud de la prueba de videovigilancia. Falta de contradicción.
Resumen: La sentencia apuntada resuelve el RCUD interpuesto por la empresa FISSA Finalidad Social SL. Consta que el trabajador, empleado de FISSA, fue despedido y su demanda fue inicialmente estimada por sentencia que declaró improcedente el despido y condenó a FISSA a readmitirlo o indemnizarlo. FISSA recurrió en suplicación y el TSJ confirmó la sentencia de instancia. La empresa argumentó que no se le permitió revisar la prueba documental presentada por el demandante antes de la formulación de conclusiones, lo que le causó indefensión. Este argumento se basó en una supuesta vulneración de los artículos 94.1 y 90.1 LRJS y del artículo 24 CE. El Tribunal Supremo estimó el recurso, destacando que la omisión del trámite de traslado de la prueba documental a la parte contraria vulnera la garantía de contradicción y el derecho a la igualdad de armas en el proceso. Ordenó anular las actuaciones de instancia y reponer los autos al momento del juicio oral para que el Juzgado de lo Social diera traslado de la prueba documental a la parte demandada y para que se dictara nueva sentencia resolviendo el fondo del asunto,
Resumen: Cuestión de competencia (exposición razonada). Competencia para conocer del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia núm. 405/2022, de 16 de noviembre, dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santiago de Compostela en el recurso núm. 3/2022. Rechazar la competencia.
